Su Santidad nombra al Cardenal Rivera Carrera miembro de la Comisión Vaticana de Asuntos Económicos


CIUDAD DEL VATICANO (Notimex) — El Papa Benedicto XVI designó este sábado al cardenal mexicano Norberto Rivera como miembro del Consejo Económico de la Sede Apostólica, que analiza las operaciones de la ‘banca vaticana’, bajo investigación por supuesto lavado de dinero.

La sala de prensa pontificia informó, en un breve comunicado, que el arzobispo de la Ciudad de México formará parte, durante los próximos cinco años, del Consejo de Cardenales para el Estudio de los Problemas Organizativos y Económicos del Vaticano.

Benedicto XVI nombró también a Francis Eugene George, arzobispo de Chicago, en Estados Unidos, como miembro de ese organismo, compuesto por 15 cardenales de diversas partes del mundo con cargos quinquenales.

Según la constitución apostólica, Pastor Bonus (Pastor Bueno), que establece las competencias de los diversos organismos de la Curia Romana, el consejo sesiona dos veces al año en Roma por convocatoria del Secretario de Estado del Vaticano.

Entre sus atribuciones, es informado “acerca de la actividad del instituto erigido y con sede en el Estado de la Ciudad del Vaticano, con el objetivo de proveer a la custodia y a la administración de los capitales destinados a las obras de religión y de caridad”.

Pero la Pastor Bonus aclaró que, aunque informa de sus labores a los cardenales, la sección conocida como ‘banco del Vaticano‘ -cuyo nombre formal es el Instituto para las Obras de Religión (IOR)- “se rige por sus propias normas”.

El viernes, un tribunal de Roma confirmó que el IOR violó la normativa italiana contra el reciclaje de capitales, al ordenar al Banco de Crédito Artigiano dos transferencias internacionales sin informar a las autoridades financieras datos sobre el origen y destino de esos recursos.

De hecho, en la actualidad la magistratura mantiene incautados 23 millones de euros (unos 30 millones de dólares) que el Vaticano pretendió enviar al extranjero, y continúan las pesquisas en un proceso judicial por delitos ligados al blanqueo de capitales.

 

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